Crece la ola anulista. Entran al debate sobre su legalidad, su legitimidad y su eficacia -términos que politizan el tema-, diversas figuras públicas, periodistas y las opiniones a favor y en contra en los medios que cuentan con espacios para sus receptores. Entre las críticas sesgadas, hay descalificaciones que apuntan a la criminalización, que desorientan y desinforman intencionadamente y hasta presiones extralegales que intentan acallar la opción anuladora del voto. No obstante, cada vez queda más claro que las molestias causadas por el anulismo, reflejan que la crítica buscada está dando en el blanco: la denuncia del actual sistema de partidos, por su incapacidad para cumplir con los criterios mínimos siquiera de una democracia representativa. El secuestro de la participación social en los asuntos públicos por la partidocracia imperante; su incapacidad para reformarse y, entonces, su imposibilidad para reformar al país, y aún más para operar una salida democrática ante la compleja crisis nacional-global que vivimos.
Repasemos a los principales críticos del anulismo. Francisco Ramírez Acuña, tacha de "grupúsculo" a ciudanos/as libres que proponen anular su voto y calificó de cobardía la “campaña contra el sufragio”, cuando se propone justo lo contrario: ir a votar, pero para anular el voto con sentido crítico. Su lamento por este tipo de movimientos; lo lleva a una antidemocrática exigencia: que los medios de comunicación no promuevan a quienes están haciendo una “acción en contra de México”. ¿Será que la tortura, el autoritarismo, la opacidad de su función pública negada a rendir cuentas, favorecen a México? No se vale criminalizar a quien ejerce su derecho al voto anulándolo ¿o está prohibido en alguna legislación anularlo?
El Cardenal Sandoval, contribuye a la desorientación: "Esos (quienes promueven la anulación) no hacen labor de Patria, el abstencionismo va a matar a la democracia, eso no está correcto, hay que votar por el menos peor, pero hay que votar porque es condición de la democracia". El mensaje político explícito que enviamos, quienes anularemos concientemente nuestro voto, es por una mejor patria; esperamos sacudir la actitud política del sistema partidocrático mediante su rechazo y, simultáneamente, restituir el poder ciudadano del voto y del acto de votar. La consecuencia esperada es que, con la fuerza política simbólica de la anulación, la partidocracia se vea obligada a cambiar y que la participación ciudadana se fortalezca más allá del mero proceso electoral: fiscalización permanente y exigencia de rendición de cuentas. Nos equivocamos con aquello del voto útil “por el menos peor”, eso si mata a la democracia.
David Gómez Álvarez, Presidente del Instituto electoral y de participación ciudadana de Jalisco, insiste en la obviedad sobre la falta de efectos políticos jurídicos de la anulación, y se refiere a esta actitud como mero “desahogo social”. Está en su derecho de decirlo, aunque como politólogo estoy seguro entiende que la creciente proporción de abstencionismo ha obligado a reformar “intuitivamente”, en épocas recientes, la legislación electoral con importantes repercusiones sobre el sistema político. Los efectos político-jurídicos que puede tener la anulación no se verán reflejados al día siguiente de la elección, sino que serán producto de la evaluación que haga la partidocracia interpelada y del seguimiento que den los involucrados a los efectos simbólico-políticos que tenga el movimiento (sociopolítico) anulista.
No se vale criminalizar, ilegalizar mañosamente, a quienes optaremos por anular nuestro voto, ni chantajear a persona alguna de manera extralegal, pues hay información preocupante que esto empieza a suceder. Anularlo, es una novena opción, en caso de que no nos convenza ninguno de los ocho partidos y eso es absolutamente legal. Tanto, que la propia autoridad electoral puede incurrir en la ilegalidad si no respeta esa opción.
viernes, 29 de mayo de 2009
viernes, 22 de mayo de 2009
LIMPIEZA SOCIAL Y COMUNIDADES DE MUERTE
Ante el deterioro de los términos de convivencia, del estado de Derecho, se incrementa la ansiedad social frente al riesgo de sufrir en carne propia la violencia, así como la rabia que genera la impotencia causada por la falta de justicia. Ello abona el terreno extremo de la muerte, como lo enarbolan los partidarios de la pena capital, o el de tomarse la justicia en manos particulares sin ahorrarse medio alguno que lleve a alcanzar los fines. Además de la cuestionable eficacia de la pena de muerte para disminuir la criminalidad y de la emergencia de grupos “civiles”, parapoliciales o paramilitares, que operan al margen de la ley para hacer justicia ahí donde el Estado no puede llegar, hay algunas medidas que incrementan las posibilidades de violencia criminal, aunque se disfracen con mantos de legalidad.
Dos casos recientes muestran este deterioro de nuestra convivencia: las operaciones del escuetamente llamado El Grupo, el cual “Surgió hace 12 años; es financiado por empresarios, comerciantes y profesionistas, y opera con el conocimiento de autoridades federales y estatales. Negocia con delincuentes la liberación de víctimas, pero también los persigue, captura, interroga y decide quién muere.” (Milenio, 18-05-09), agrupación que podemos ubicar como una “comunidad de muerte”, y por otra parte, la propuesta del PRI para reformar el artículo 35 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pero mediante medidas administrativas, como multa y cárcel a vagabundos, las cuales no son acompañadas de una infraestructura de atención cuidado y reinserción social de quienes sufren esa penosa situación. Una reforma así, solamente exacerba la miseria, aumenta el resentimiento y termina por criminalizar la pobreza, mediante la paradójicamente llamada “limpieza social”.
El reportaje de Milenio citado antes, incluye una entrevista con el Jefe de El Grupo, quien ante la pregunta si esta organización suple las carencias de la policía, del Estado, responde: “Sí. Esto no puede ser un grupo de poder en manos de un cabrón sin ética que piense en eso: que es un grupo de poder con beneficio político o empresarial para eliminar al contrario. Nosotros no queremos ni puestos ni mandos ni pertenecer a ninguna policía, no queremos que nos reconozcan públicamente… Yo existo porque, con excepciones, tenemos una policía fallida. Una policía que, salvo ciertos grupos, no puede (contra la delincuencia). Tú pagas impuestos para que el gobierno te proteja y el gobierno no lo hace. Así de simple…”. El Jefe, expresa criterios internos de bondad que chocan frontalmente con el estado de Derecho, y muestra que su comunidad tiene valores constitutivos y conducentes al bien común, pero desde un sentido de libertad e igualdad moral contrario a los derechos humanos, que acepta la muerte como «un mal común necesario».
Para Jesús Casquete (Anthropos, 2009) las comunidades de muerte, “no aceptan su coexistencia con otras visiones del mundo y del bien, este tipo de comunidades recurren a la violencia en su batalla contra los «otros», ahora concebidos no ya como objeto de apelaciones persuasivo-discursivas, sino como enemigos a los que doblegar y someter mediante la fuerza. No abrigan ningún pudor en recurrir al peor de los utilitarismos, que consiste en utilizar la vida de otros en aras de la consecución de sus fines propios.”. En otro contexto, más de 60 organizaciones civiles, de derechos humanos y de protección a la niñez rechazaron la iniciativa impulsada por el PRI por pretender hacer una “limpieza social” disfrazada, que legaliza la práctica de abusos y arbitrariedades contra las poblaciones callejeras como la privación ilegal de la libertad, el uso excesivo de la fuerza e incluso la tortura y hasta la desaparición forzada de personas. Más muerte.
Dos casos recientes muestran este deterioro de nuestra convivencia: las operaciones del escuetamente llamado El Grupo, el cual “Surgió hace 12 años; es financiado por empresarios, comerciantes y profesionistas, y opera con el conocimiento de autoridades federales y estatales. Negocia con delincuentes la liberación de víctimas, pero también los persigue, captura, interroga y decide quién muere.” (Milenio, 18-05-09), agrupación que podemos ubicar como una “comunidad de muerte”, y por otra parte, la propuesta del PRI para reformar el artículo 35 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pero mediante medidas administrativas, como multa y cárcel a vagabundos, las cuales no son acompañadas de una infraestructura de atención cuidado y reinserción social de quienes sufren esa penosa situación. Una reforma así, solamente exacerba la miseria, aumenta el resentimiento y termina por criminalizar la pobreza, mediante la paradójicamente llamada “limpieza social”.
El reportaje de Milenio citado antes, incluye una entrevista con el Jefe de El Grupo, quien ante la pregunta si esta organización suple las carencias de la policía, del Estado, responde: “Sí. Esto no puede ser un grupo de poder en manos de un cabrón sin ética que piense en eso: que es un grupo de poder con beneficio político o empresarial para eliminar al contrario. Nosotros no queremos ni puestos ni mandos ni pertenecer a ninguna policía, no queremos que nos reconozcan públicamente… Yo existo porque, con excepciones, tenemos una policía fallida. Una policía que, salvo ciertos grupos, no puede (contra la delincuencia). Tú pagas impuestos para que el gobierno te proteja y el gobierno no lo hace. Así de simple…”. El Jefe, expresa criterios internos de bondad que chocan frontalmente con el estado de Derecho, y muestra que su comunidad tiene valores constitutivos y conducentes al bien común, pero desde un sentido de libertad e igualdad moral contrario a los derechos humanos, que acepta la muerte como «un mal común necesario».
Para Jesús Casquete (Anthropos, 2009) las comunidades de muerte, “no aceptan su coexistencia con otras visiones del mundo y del bien, este tipo de comunidades recurren a la violencia en su batalla contra los «otros», ahora concebidos no ya como objeto de apelaciones persuasivo-discursivas, sino como enemigos a los que doblegar y someter mediante la fuerza. No abrigan ningún pudor en recurrir al peor de los utilitarismos, que consiste en utilizar la vida de otros en aras de la consecución de sus fines propios.”. En otro contexto, más de 60 organizaciones civiles, de derechos humanos y de protección a la niñez rechazaron la iniciativa impulsada por el PRI por pretender hacer una “limpieza social” disfrazada, que legaliza la práctica de abusos y arbitrariedades contra las poblaciones callejeras como la privación ilegal de la libertad, el uso excesivo de la fuerza e incluso la tortura y hasta la desaparición forzada de personas. Más muerte.
viernes, 15 de mayo de 2009
CONTINGENCIA SANITARIA Y VOTO ANULADO
Este aciago periodo de contingencia sanitaria nos deja varias conclusiones remarcables. La primera y más positiva: podemos afrontar grandes problemas de manera coordinada en todo el país, podemos medir el riesgo que presenta para la salud una epidemia generada por un virus desconocido. Frente a ello, mostramos nuestra disposición a sacrificar cuestiones secundarias para lograr aspectos fundamentales. También confirmamos en esta coyuntura, que hay una creciente demanda de información razonada y crítica, transparente, con actitudes exigentes sobre criterios de veracidad que contribuyan a la serenidad social. Sabemos derrotar miedos y paranoias que confunden e inmovilizan. Somos parte activa de la solución y de nuestras acciones depende que se alcancen los objetivos deseados, pero concluimos que la acción individual y colectiva está condicionada por las instituciones públicas y por las políticas de Estado con que afrontamos la adversidad.
La contingencia sanitaria nos hace hablar del impacto del modelo de desarrollo sobre los procesos de salud-enfermedad, de la manera en que nos alimentamos y nos curamos, del papel que juegan las trasnacionales químico-farmacéuticas en la perjudicial mercantilización de los medicamentos y la segregación de defensas y recursos sanitarios que produce un mapa social de la salud-enfermedad extremadamente polarizado en cuanto al derecho mismo a la salud. Si podemos encauzar la potencia pública para afrontar coordinadamente entre gobierno y sociedad una epidemia, hoy nos cuestionamos por qué no se genera un sistema de salud permanente que sea eficaz contra otras causas de muerte que son mucho más letales, como las diversas gripes que cobran miles de vida anualmente, al igual que las muertes producidas por desnutrición, el SIDA, la diabetes, el cáncer y otras enfermedades manejables, eventualmente curables, para las que no disponemos de un sistema de salud sustentado públicamente.
También aprendimos que hay diferencias entre el gobierno jalisciense y el federal, respecto al manejo de la contingencia sanitaria, sin negar que ambos buscan legítimamente fortalecer su autoridad y credibilidad como gobierno. Pero mientras el gobierno federal fue cuidadoso de los consensos sociales al brindar información fidedigna, el gobierno jalisciense dio bandazos en su apreciación del problema sanitario y su información fue contradictoria e incompleta, lo cual confundió a la población, pues del ‘en Jalisco no hay casos de influenza humana confirmados’ el estado pasó al cuarto lugar del país; de un día para otro, se incrementaron además inusitadamente los casos sospechosos, de 220 casos observados a casi mil 200 (4 al 5 de mayo). El pretexto principal, fue la carencia de una tecnología adecuada en Jalisco para confirmar los casos sospechosos estudiados. Conclusión, positiva, que se adquiera la tecnología más moderna para que Jalisco no dependa del ritmo federal para comprobar los casos locales. Una conclusión parcialmente positiva pues, aunque las universidades públicas insisten en revalorizar al sector científico-tecnológico, pidiendo mayor presupuesto y coordinación entre gobierno y sociedad, el sistema estatal de salud jalisciense rivaliza con las capacidades de investigación universitaria, al competir por la autoridad social que brinda el sector salud.
La principal conclusión que deja esta alerta sanitaria, es que necesitamos urgentemente un modelo de gestión social democrático que garantice el buen vivir, que es mucho más que bienestar. Desafortunadamente, los gobiernos emanados del actual sistema de partidos es incapaz de lograrlo. Las próximas elecciones solo reforzarán el divorcio entre representantes y representados, que incrementa la partidocracia que no rinde cuentas, cada vez más alejada de un Estado socialmente comprometido. Llama la atención una encuesta nacional del periódico Reforma, el pasado 3 de mayo, que detectó un ¡26% de los votantes que anulará su voto en las próximas elecciones!. Entre contingencia sanitaria y contingencia política, sólo la participación social nos salva.
PÚBLICO, Jalisco, 15 de mayo de 2009
La contingencia sanitaria nos hace hablar del impacto del modelo de desarrollo sobre los procesos de salud-enfermedad, de la manera en que nos alimentamos y nos curamos, del papel que juegan las trasnacionales químico-farmacéuticas en la perjudicial mercantilización de los medicamentos y la segregación de defensas y recursos sanitarios que produce un mapa social de la salud-enfermedad extremadamente polarizado en cuanto al derecho mismo a la salud. Si podemos encauzar la potencia pública para afrontar coordinadamente entre gobierno y sociedad una epidemia, hoy nos cuestionamos por qué no se genera un sistema de salud permanente que sea eficaz contra otras causas de muerte que son mucho más letales, como las diversas gripes que cobran miles de vida anualmente, al igual que las muertes producidas por desnutrición, el SIDA, la diabetes, el cáncer y otras enfermedades manejables, eventualmente curables, para las que no disponemos de un sistema de salud sustentado públicamente.
También aprendimos que hay diferencias entre el gobierno jalisciense y el federal, respecto al manejo de la contingencia sanitaria, sin negar que ambos buscan legítimamente fortalecer su autoridad y credibilidad como gobierno. Pero mientras el gobierno federal fue cuidadoso de los consensos sociales al brindar información fidedigna, el gobierno jalisciense dio bandazos en su apreciación del problema sanitario y su información fue contradictoria e incompleta, lo cual confundió a la población, pues del ‘en Jalisco no hay casos de influenza humana confirmados’ el estado pasó al cuarto lugar del país; de un día para otro, se incrementaron además inusitadamente los casos sospechosos, de 220 casos observados a casi mil 200 (4 al 5 de mayo). El pretexto principal, fue la carencia de una tecnología adecuada en Jalisco para confirmar los casos sospechosos estudiados. Conclusión, positiva, que se adquiera la tecnología más moderna para que Jalisco no dependa del ritmo federal para comprobar los casos locales. Una conclusión parcialmente positiva pues, aunque las universidades públicas insisten en revalorizar al sector científico-tecnológico, pidiendo mayor presupuesto y coordinación entre gobierno y sociedad, el sistema estatal de salud jalisciense rivaliza con las capacidades de investigación universitaria, al competir por la autoridad social que brinda el sector salud.
La principal conclusión que deja esta alerta sanitaria, es que necesitamos urgentemente un modelo de gestión social democrático que garantice el buen vivir, que es mucho más que bienestar. Desafortunadamente, los gobiernos emanados del actual sistema de partidos es incapaz de lograrlo. Las próximas elecciones solo reforzarán el divorcio entre representantes y representados, que incrementa la partidocracia que no rinde cuentas, cada vez más alejada de un Estado socialmente comprometido. Llama la atención una encuesta nacional del periódico Reforma, el pasado 3 de mayo, que detectó un ¡26% de los votantes que anulará su voto en las próximas elecciones!. Entre contingencia sanitaria y contingencia política, sólo la participación social nos salva.
PÚBLICO, Jalisco, 15 de mayo de 2009
viernes, 8 de mayo de 2009
2010, CONSTITUYENTE PACÍFICA
Necesitamos urgentemente rehacer el pacto social en nuestro país, mediante convocatoria amplia, plural, incluyente, para elaborar colectivamente una nueva Constitución que oriente y regule nuestra convivencia nacional, sobre renovadas bases jurídicas y políticas. La Constitución actual, reformada 487 veces desde 1917, muestra los conflictos y resquebrajamientos del pacto social original, alcanzado con el triunfo de la fracción revolucionaria noroccidental que conquistó, para quedarse ahí, el centro del país. Aunque la Carta Magna fue producto de una amplia deliberación entre los grupos políticamente activos de la época, quienes lograron un ordenamiento institucional general de México con orientaciones sociales estratégicas, se ha perdido el sentido original. Los 71 años bajo el régimen de partido de Estado transformaron el proyecto nacionalista revolucionario original en una Constitución dominada por el desarrollismo y luego en una entelequia reproductora del modelo neoliberal.
Tras nueve años de gobiernos panistas no cambia esencialmente el sentido neoliberal de las reformas; liberalismo económico y conservadurismo político combinados, no trajeron consigo más que cambios cosméticos en el régimen político, desvinculados de las profundas transformaciones socioeconómicas, que cada vez son más difíciles de gobernar bajo un régimen democrático. Del pasado sistema político de partido casi único, en estos años pasamos a un sistema partidocrático que amplía la brecha entre representados y representantes, con el consabido deterioro cualitativo de la representación y falta de confianza en el sistema político.
Una Constituyente, es la única solución de fondo para poner fin al secuestro de la representación democrática impuesta por los partidos políticos, en conjunción con los poderes fácticos del país y sus regiones. Es a través de la ciudadanía, en formatos que combinen democracia participativa y representativa, con un sistema de partidos rehechos a su servicio, que se puede lograr un pacto social renovado. El cúmulo de reformas constitucionales realizadas a la medida partidocrática, heredaron un ordenamiento jurídico-político incoherente y contradictorio respecto de las aspiraciones democráticas. Las llamadas reformas constitucionales estructurales: económica, laboral, fiscal y energética, se entrampan por esta falta de acuerdos nacionales que se han visto limitados por cabildeos entre cúpulas partidocráticas y poderes fácticos. Lo mismo sucede con la reforma política y del Estado que, pudiendo ser la palanca para operar de manera racional y negociada una gestión democrática de las multiples crisis, los partidos la redujeron a negociaciones de cuotas de poder entre la burocracia política profesional.
Solamente se puede deshacer el círculo perverso de la partidocracia si se constituye de otra manera el Poder Legislativo; ahí está la clave, y por ello la importancia de anular el voto con la consigna de una Constituyente pacífica en 2010. Solamente una nueva Carta Magna puede transformar pacíficamente el gobierno y terminar con las ambigüedades entre presidencialismo y parlamentarismo, además de someter a los funcionarios electos a contrapesos eficaces, de manera que no sean los mismos partidos los que aseguren su arbitraria reproducción, pues como lo hemos visto recientemente, ellos no están dispuestos a rendir cuentas y abrirse a la transparencia; por ello los regateos de cuotas de poder y los llamados a cabildeos secretos al margen del control público en el caso del Instituto de Transparencia de Jalisco. Los partidos tampoco están dispuestos a reconocer que hay otros interlocutores entre Estado y sociedad que no sean ellos, como lo muestra su resistencia a sacar las manos de los organismo públicos autónomos y también una importante pero muy limitada reforma del Artículo 17 constitucional que, en medio de la alerta sanitaria, pasó desapercibida, pues no se reconoció la acción colectiva como portadora de derechos, sino que se dejó en manos del gobierno su exigibilidad. Más razones para anular el voto y exigir una Constituyente pacífica.
PÚBLICO, Jalisco, 8 de mayo de 2009
Tras nueve años de gobiernos panistas no cambia esencialmente el sentido neoliberal de las reformas; liberalismo económico y conservadurismo político combinados, no trajeron consigo más que cambios cosméticos en el régimen político, desvinculados de las profundas transformaciones socioeconómicas, que cada vez son más difíciles de gobernar bajo un régimen democrático. Del pasado sistema político de partido casi único, en estos años pasamos a un sistema partidocrático que amplía la brecha entre representados y representantes, con el consabido deterioro cualitativo de la representación y falta de confianza en el sistema político.
Una Constituyente, es la única solución de fondo para poner fin al secuestro de la representación democrática impuesta por los partidos políticos, en conjunción con los poderes fácticos del país y sus regiones. Es a través de la ciudadanía, en formatos que combinen democracia participativa y representativa, con un sistema de partidos rehechos a su servicio, que se puede lograr un pacto social renovado. El cúmulo de reformas constitucionales realizadas a la medida partidocrática, heredaron un ordenamiento jurídico-político incoherente y contradictorio respecto de las aspiraciones democráticas. Las llamadas reformas constitucionales estructurales: económica, laboral, fiscal y energética, se entrampan por esta falta de acuerdos nacionales que se han visto limitados por cabildeos entre cúpulas partidocráticas y poderes fácticos. Lo mismo sucede con la reforma política y del Estado que, pudiendo ser la palanca para operar de manera racional y negociada una gestión democrática de las multiples crisis, los partidos la redujeron a negociaciones de cuotas de poder entre la burocracia política profesional.
Solamente se puede deshacer el círculo perverso de la partidocracia si se constituye de otra manera el Poder Legislativo; ahí está la clave, y por ello la importancia de anular el voto con la consigna de una Constituyente pacífica en 2010. Solamente una nueva Carta Magna puede transformar pacíficamente el gobierno y terminar con las ambigüedades entre presidencialismo y parlamentarismo, además de someter a los funcionarios electos a contrapesos eficaces, de manera que no sean los mismos partidos los que aseguren su arbitraria reproducción, pues como lo hemos visto recientemente, ellos no están dispuestos a rendir cuentas y abrirse a la transparencia; por ello los regateos de cuotas de poder y los llamados a cabildeos secretos al margen del control público en el caso del Instituto de Transparencia de Jalisco. Los partidos tampoco están dispuestos a reconocer que hay otros interlocutores entre Estado y sociedad que no sean ellos, como lo muestra su resistencia a sacar las manos de los organismo públicos autónomos y también una importante pero muy limitada reforma del Artículo 17 constitucional que, en medio de la alerta sanitaria, pasó desapercibida, pues no se reconoció la acción colectiva como portadora de derechos, sino que se dejó en manos del gobierno su exigibilidad. Más razones para anular el voto y exigir una Constituyente pacífica.
PÚBLICO, Jalisco, 8 de mayo de 2009
viernes, 1 de mayo de 2009
MATA MÁS EL MIEDO Y LA INCERTIDUMBRE
Entre las decenas de correos electrónicos, opiniones e informaciones diversas que circulan en estas fechas aciagas (pre)epidémicas, hay ciertas constantes que llevan a concluir que los procesos de salud-enfermedad tienen un complejo trasfondo social. La influenza, en sus variantes aviar y porcina, es producto del modelo agroindustrial y pecuario basado en la manipulación biogenética creciente desde el nacimiento hasta el crecimiento y sanación de las enfermedades animales, con sistemas inmunes alterados por esa manipulación. Frente a esa degradación animal, las enfermedades virulentas que nos acosan generan angustias, y una percepción social del riesgo fundada en la incertidumbre y la incapacidad para prevenirlo, cuyo manejo rebasa a las políticas públicas de salud. Pues, sin un modelo de gestión democrática de la salud pública, somos incapaces de dar una respuesta social estructurada.
El riesgo a enfermarse y morir se presenta como discontinuidad temporal, donde la relación entre pasado, presente y futuro nos parece inmanejable. Desconocemos el origen preciso del virus, no sabemos la dimensión presente del riesgo; lidiamos con ‘algo’ que nos amenaza, pero nos angustia desconocer si podemos vencer en un futuro tangible. Enfrentamos el riesgo mediante propuestas valorativas, que provienen de estándares culturales sobre el estado de nuestra salud, con los que construimos parámetros sobre lo que ‘debe ser’ una vida tolerable frente a lo intolerable. Pretendemos calcular consecuencias del riesgo a enfermarnos, pero en un contexto impredecible, incierto, en el que no podemos interiorizar cómo actuar de manera coherente, articulada, frente a consecuencias no deseadas. De ello resulta que públicamente sólo haya peligros de difícil control en vez de riesgos calculables. Un miedo cada vez más irracional se apodera de nosotros y nos impide encontrar causantes responsables, e identificar acciones individuales y públicas para corregir la fuente de amenaza.
Nuestro complejo contexto social esconde la trama de causas y responsabilidades vinculadas con la enfermedad; así, se fabrica colectivamente la incertidumbre, el miedo al caos y la muerte. Pero ante la irracionalidad aparente del riesgo, contamos con un pensamiento social crítico que analiza espacios, tiempos, intenciones, hechos socioeconómicos y sociopolíticos que interrelaciona para orientar y jerarquizar acciones públicas y personales. Se trata de un pensamiento, fruto de polémicas, en el que contribuyen las ciencias sociales en nuevo diálogo con todas las ciencias. Que no descarta ninguna hipótesis por descabellada que parezca; ni la geopolítica, que ubica la influenza porcina como resultado de los intereses de las trasnacionales de la industria pecuaria y de la industria farmacéutica, en periodo de crisis financiera global, ni la hipótesis con pretensiones sociales abarcantes que evidencia los efectos perversos del capitalismo depredador de la calidad de vida, que deteriora nuestro sistema inmunólogico y que produce más muerte y dolor cotidianamente que todas las epidemias juntas.
No podemos negar ciertos logros de racionalidad pública para manejar el riesgo; ante las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el gobierno federal, el jalisciense y particularmente la Universidad de Guadalajara, han actuado consecuentemente en el campo previsional y creativamente, en el caso de ésta última institución, que constituyó un comité de especialistas para contribuir con su saber científico a un manejo transdisciplinario del impacto social y sanitario de la Influenza Porcina. Universidad, que ahora convoca a sus investigadores para que analicen las más diversas facetas relacionadas con este virus. Justo lo que nos falta es un aprendizaje colectivo frente a la adversidad, empezando por mejorar nuestro modelo de gestión pública democrático: equidad en el acceso a medicamentos, antivirales, atención médica; generación de mejor calidad de vida que refuerce nuestra inmunología. Pensemos en un “New Deal” de la salud, en un Estado del buen vivir.
El riesgo a enfermarse y morir se presenta como discontinuidad temporal, donde la relación entre pasado, presente y futuro nos parece inmanejable. Desconocemos el origen preciso del virus, no sabemos la dimensión presente del riesgo; lidiamos con ‘algo’ que nos amenaza, pero nos angustia desconocer si podemos vencer en un futuro tangible. Enfrentamos el riesgo mediante propuestas valorativas, que provienen de estándares culturales sobre el estado de nuestra salud, con los que construimos parámetros sobre lo que ‘debe ser’ una vida tolerable frente a lo intolerable. Pretendemos calcular consecuencias del riesgo a enfermarnos, pero en un contexto impredecible, incierto, en el que no podemos interiorizar cómo actuar de manera coherente, articulada, frente a consecuencias no deseadas. De ello resulta que públicamente sólo haya peligros de difícil control en vez de riesgos calculables. Un miedo cada vez más irracional se apodera de nosotros y nos impide encontrar causantes responsables, e identificar acciones individuales y públicas para corregir la fuente de amenaza.
Nuestro complejo contexto social esconde la trama de causas y responsabilidades vinculadas con la enfermedad; así, se fabrica colectivamente la incertidumbre, el miedo al caos y la muerte. Pero ante la irracionalidad aparente del riesgo, contamos con un pensamiento social crítico que analiza espacios, tiempos, intenciones, hechos socioeconómicos y sociopolíticos que interrelaciona para orientar y jerarquizar acciones públicas y personales. Se trata de un pensamiento, fruto de polémicas, en el que contribuyen las ciencias sociales en nuevo diálogo con todas las ciencias. Que no descarta ninguna hipótesis por descabellada que parezca; ni la geopolítica, que ubica la influenza porcina como resultado de los intereses de las trasnacionales de la industria pecuaria y de la industria farmacéutica, en periodo de crisis financiera global, ni la hipótesis con pretensiones sociales abarcantes que evidencia los efectos perversos del capitalismo depredador de la calidad de vida, que deteriora nuestro sistema inmunólogico y que produce más muerte y dolor cotidianamente que todas las epidemias juntas.
No podemos negar ciertos logros de racionalidad pública para manejar el riesgo; ante las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el gobierno federal, el jalisciense y particularmente la Universidad de Guadalajara, han actuado consecuentemente en el campo previsional y creativamente, en el caso de ésta última institución, que constituyó un comité de especialistas para contribuir con su saber científico a un manejo transdisciplinario del impacto social y sanitario de la Influenza Porcina. Universidad, que ahora convoca a sus investigadores para que analicen las más diversas facetas relacionadas con este virus. Justo lo que nos falta es un aprendizaje colectivo frente a la adversidad, empezando por mejorar nuestro modelo de gestión pública democrático: equidad en el acceso a medicamentos, antivirales, atención médica; generación de mejor calidad de vida que refuerce nuestra inmunología. Pensemos en un “New Deal” de la salud, en un Estado del buen vivir.
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