ACCIONES COLECTIVAS Y REFORMA POLÍTICA

El 23 de abril de 2009, la Cámara de Diputados, en San Lázaro aprobó adicionar la figura de “Acciones Colectivas” al Artículo 17 Constitucional. Casi un año después, la Cámara baja podrá aprobar próximamente en definitiva la minuta que, ya aceptada por el Senado, añade el siguiente párrafo: “Las leyes regularán aquellas acciones y procedimientos para la protección adecuada de derechos e intereses colectivos, así como medidas que permitan a los individuos su organización para la defensa de los mismos.” No se ha dado suficiente atención al trascendental cambio que conlleva esta reforma constitucional, pues en este caso se reconoce un papel constructivo a la participación ciudadana en los asuntos públicos que le afectan. Y al reconocer la manera de gestión colectiva, la impartición y procuración de justicia se vuelve más expedita y eficaz al permitir la protección jurídica de intereses y derechos colectivos.

Durante los debates legislativos iniciales el Consejo Coordinador Empresarial cabildeó una propuesta que acotaba las Acciones Colectivas a tres campos muy concretos: la protección al consumidor, los usuarios de servicios financieros y la protección del ambiente, ámbitos de acción pública que habían sido construidos por movimientos sociales esparcidos por toda la geografía mexicana, pero cuyas demandas no alcanzaban a ser procesadas por jueces y tribunales que se enfrentaban a miles de expedientes, a los que se pretendía dar una respuesta individual. Así, se negó justicia a potentes y valerosas asociaciones de consumidores, o a demandas y temas en que se organizó el Barzón, primero los afectados por los altos réditos en el campo, luego los poseedores de viviendas encarecidas hasta las nubes por el crédito tan elevado que impuso la banca, y luego los endeudados por tarjetas de crédito cuyos consumos no pudieron respaldar debido a los intereses leoninos impuestos por la avaricia de la banca comercial, o diversos movimientos ecologistas.

En complicidad con el sector empresarial, algunos diputados propusieron canalizar esas miles de demandas hacia los organismos públicos supuestamente autónomos, como la Procuraduría Federal en Defensa del Consumidor (Profeco), la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (Condusef), y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa); órganos administrativos con los que se quiso suplantar la participación colectiva y fortalecer el poder corporativo del Estado, para tratar de llegar a un arreglo finalmente individual del conflicto. Es de reconocer que los diputados de la anterior legislatura federal fueron sensibles a las demandas de los propios movimientos de consumidores, de usuarios de servicios financieros y del movimiento ecologista, quienes plantearon la necesidad de que se enriqueciera la figura de las Acciones Colectivas, como sujetos de derecho en todos los asuntos de carácter público y, particularmente, el evitar la corporativización de sus demandas ante los organismos administrativos mencionados.

Finalmente, la reforma propuesta da carácter constitucional a toda acción colectiva que se procese por vías pacíficas, para el reconocimiento de derechos e intereses colectivos; su texto supone complementar otras leyes, como la Ley Federal de Protección al Consumidor, o de reglamentar al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (Ipab) o la legislación relativa a la protección ambiental. Además, de aprobarse esa reforma, el desafío será la legislación secundaria que entraña, la cual deberá de ser discutida por las legislaturas locales y la Asamblea del Distrito Federal. Las demandas de participación ciudadana corresponden con las demandas por democratizar al país y esta reforma tendrá un impacto relevante en la reforma política, pues las Acciones Colectivas arriban irremediablemente a ese terreno. Sea Plebiscito, Referéndum o Iniciativa Ciudadana, la acción colectiva podría contar con más medios para conquistar derechos y defender los intereses ciudadanos.

LA REFORMA QUE FALTA

Previsiblemente, la reforma política en curso no dejará satisfecho a nadie. Cada uno de los actores que la promueven acentúa aquellos aspectos que favorecen una coyuntura que les dé poder, lo que termina por fortalecer al régimen partidocrático que nos agobia; brilla por su ausencia un proyecto político incluyente con visión de Estado nacional en el que quepamos todos/as, y la democracia propicie el buen vivir. Pensada y operada de arriba hacia abajo, esta reforma nace muerta; lejos de consultas ciudadanas sistemáticas, los cambios propuestos ni se conocen ni entusiasman; permanecen como asuntos de especialistas y políticos profesionales.

Falta una reforma que destrabe los obstáculos que impone la partidocracia, la cual está impedida para reformarse a sí misma, con una nueva ley de partidos que garantice prácticas democráticas en sus procesos internos, sus precampañas y campañas, una ley que redefina su financiamiento a partir de votos obtenidos y con partidos políticos como sujetos obligados de la Ley de Transparencia, que dé atribuciones al IFAI como órgano garante. Una ley que impida a los partidos elaborar el orden de prelatura de los diputados plurinominales, dejando al elector la posibilidad de ordenar con su voto esa lista.

Faltan también dos medidas simultáneas que apuntalen la reforma política: una ley de medios que impida la mercantilización de la política y la ingerencia de los poderes fácticos en el proceso electoral y, paralelamente, la revisión del Artículo 130 constitucional, de manera que se refuerce el carácter laico del Estado, evitando cualquier resabio de anticlericalismo, pero reforzando los impedimentos para que cualquier jerarquía eclesial se convierta en legisladora de facto. La legislación antiaborto conseguida en 17 entidades del país muestra el sesgo religioso que han tomado los debates parlamentarios al respecto. Al igual que nuevos modus operandi iglesia-Estado en la mayoría de regiones del país.

Se necesita una reforma que fortalezca al voto ciudadano, que equilibre representación y delegación de poder en representantes populares, de manera que se logre rendición de cuentas y transparencia de la función pública. Aquí cabrían las candidaturas independientes, la revocación de mandato y los diversos formatos de democracia semidirecta como el Plebiscito, la Iniciativa Popular y el Referéndum. Formatos que exigen el fortalecimiento de los organismos públicos autónomos, e incluso cumplir con la demanda de un solo organismo nacional encargado de las elecciones en todo el país.

La falta de incidencia democrática en asuntos económicos se ha dejado de lado en las diversas reformas político-electorales; sin embargo, la regulación del mercado, la necesaria política industrial y la participación ciudadana en el proceso de planeación, ejecución y evaluación pública del Plan Nacional de Desarrollo, es una tarea inevitable para que haya una virtuosa construcción democrática. Únicamente la participación ciudadana podría reconducir el modelo de estabilidad macroeconómica a toda costa, hacia un modelo de redistribución del ingreso, por la equidad y la justicia social. Lo cual requiere concebir las reformas estructurales pendientes: laboral, fiscal y de reestructuración productiva bajo formatos democráticos participativos.

Es alarmantemente notable la ausencia de planteamientos, en todas las reformas políticas hasta hoy practicadas en México, de la cuestión indígena y de sus aportes a la democracia comunitaria. Indudablemente que los usos y costumbres necesitan de diálogos creativos con las formas democráticas representativas y participativas. Para lograrlo, hace falta incluir a las y los indios en la concepción e implementación de la reforma política. La creación de un Estado plurinacional de carácter multicultural iluminaría el debate sobre las autonomías regionales y la nueva conformación que dé cabida al indígena en los espacios de representación en el Senado y la Cámara de Diputados. Ésta reforma política siempre ha faltado.

LA GENERACIÓN DEL NO PERO SI

A los firmantes del desplegado “No a la generación del No”, objeto de una amplia campaña publicitaria, se les escapa que a diferencia de la falta de colaboración que ha caracterizado al sistema de partidos en México, donde ciertamente se han obstruido entre ellos para definir una agenda legislativa que convoque a los intereses nacionales, existen otras expresiones sociales desde donde se combina la oposición a medidas legislativas y gubernamentales contrarias al interés general, con la capacidad propositiva que busca salidas para los problemas planteados y que intenta construir consensos de abajo hacia arriba. No me parece criticable el protagonismo de quienes convocaron y firmaron esta iniciativa, pues al ser figuras públicas reconocidas están en su derecho de impulsar sus puntos de vista. Lo que me parece limitado es que su discurso se dirija prioritariamente al poder constituido y débilmente al ciudadano que dicen interpelar.

Desde organizaciones que se reclaman ciudadanas, se procesan bajo lógicas diferentes las tensiones entre oposición y consenso. Y esta reforma pretenciosamente llamada política ha merecido un No pero si, en varios sentidos. El deterioro de la capacidad de reforma legislativa durante los últimos trece años corresponde al poder concentrado por la partidocracia, la cual está cada vez más aislada de sus representados; su desprestigio responde al aprovechamiento irresponsable del erario y al monopolio de la representación popular. También ha contribuido la erosión de la institución presidencial que no ha sabido remontar Acción Nacional, como partido de la alternancia. Insuficientemente acotado, el poder unipersonal metaconstitucional del presidencialismo heredado del antiguo régimen, se suma al sistema de partidos plural, con fuerte influencia priista, que tampoco asume responsabilidad en las negociaciones entre poderes autónomos.

A esa doble limitación, la que impone la partidocracia y la que produjo un presidencialismo ambiguo en la relación con su partido, aunada a la falta de una cultura parlamentaria para formar consensos básicos, se sumó el paralelismo extra constitucional bajo el que actúan los poderes fácticos. Asociando poder de cabildeo y ejercicio de influencia sobre la opinión pública, los medios electrónicos han impedido que prospere una ley de medios favorecedora de una cultura democrática. Paralelamente, la jerarquía eclesial, principalmente la católica, se ha convertido en gran legislador y factor limitante del carácter laico del Estado, lo que obstaculiza la deliberación informada que necesita el espacio público. Es imposible, entonces, una reforma política que no contemple reformas legislativas simultáneas que erradiquen la partidocracia, que actualicen la institución presidencial, que sometan al interés público el papel de los medios electrónicos en las elecciones y el fomento a la participación ciudadana, y una legislación acorde al carácter laico del Estado.

Los diez puntos de la reforma propuesta por Felipe Calderón que ahora se discuten, se complementan y sobre todo se desdibujan, buscaban acertadamente influir sobre el empoderamiento del voto, para así estimular la competencia partidaria; fortalecer diversos mecanismos de participación ciudadana en la legislación y rediseñar las relaciones entre Legislativo y Ejecutivo. Sin embargo, es cierto, la “generación del No” impone mayor empoderamiento de la partidocracia, lo que la convierte en el principal obstáculo por rehusar reformarse a si misma ¿cómo negarse a perder privilegios sin una fuerza que la obligue a cambiar? Hay una voz del No a esas reformas aisladas pero Si, a una reforma integral que pugne porque haya rendición de cuentas con consecuencias legales para los funcionarios electos, porque se fortalezcan todos los formatos de participación ciudadana como la iniciativa legislativa, la revocación de mandato, porque se legisle el papel de los partidos, se reduzca su financiamiento, porque haya legislación democrática para los medios y fortalecimiento del Estado laico.