Hay que ver con atención lo que suceda este próximo domingo en las elecciones colombianas. Con su relativa distancia, la elección presidencial en ese país representa varios focos de interés respecto a lo que pueda suceder en nuestras elecciones presidenciales de 2012. Se ha abusado sobre la supuesta colombianización de México, pues al homologar ambos casos sólo se toma en cuenta el creciente protagonismo del narco en la vida política, su influencia en las instituciones, y el aumento inusitado de la intervención estadounidense sobre el Plan Colombia, que se supone erróneamente igual a la Iniciativa Mérida, como dos estrategias de la política exterior estadounidense que militarizan el combate al narcotráfico, e imponen las doctrinas de seguridad nacional y de lucha contra el terrorismo internacional. Sin embargo, sin ser abismales, hay diferencias que es imprescindible comprender.
El carácter de Narco Estado es diferente en ambos casos. En Colombia, diversos poderes del narco han invadido todos los poderes republicanos, los cuales registran impactos directos del narcopoder fáctico: sea sobre el poder legislativo donde la corrupción controla bloques enteros de partidos y personajes vinculados al gobierno de Álvaro Uribe. Incluso familiares del actual Presidente, son presuntos delincuentes al servicio de alguno de los poderosos cárteles. Sea el poder judicial, donde solo prosperan las exoneraciones y la procuración de justicia no ha podido combatir la impunidad; sea el Poder Ejecutivo, desde donde se han tejido alianzas regionales y a escala nacional que van alternando distintos modos de convivencia con los cárteles que cooptan áreas del gobierno central, tanto como gobiernos locales desde donde se dividen zonas o regiones de influencia.
En México, empero, no podríamos caracterizar de narcoestado a las instituciones de gobierno en su conjunto, ni a su relación con los poderes constituidos, pues no hay una corrupción sistemática en los poderes republicanos, con la excepción del Poder Judicial y de algunas regiones o municipios donde señorea el poder fáctico de alguno de los cárteles que operan en el país. Cierto, no son pocos casos aislados y que no tengan relación entre ellos, pero en la mayoría de municipios y prácticamente en todos los gobiernos estatales prevalece cierta legalidad que se resiste a ser vulnerada por el poder de los narcotraficantes. Inclusive la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, representa todavía un espacio del Estado de derecho, aún con limitaciones. Mientras en Colombia existe una guerrilla poderosa que se ha convertido en el blanco de la intervención estadounidense y en la carta política que avala la “Doctrina de Seguridad Democrática” que le reditúa dividendos electorales al gobierno de Uribe, en México se trata de una oposición frontal entre narcotraficantes y Estado.
Juan Manuel Santos, candidato oficialista, tuvo una clara ventaja en la primera vuelta sobre Antanas Mockus, el candidato de los verdes, quien representa sin embargo una opción que cuestiona la continuidad del uribismo. Sobre la polémica personalidad del matemático que ha realizado gestiones gubernamentales espectaculares, se cifran las esperanzas del candidato “independiente” de los partidos, que también comparten algunas personalidades de nuestro país. Empero, en Colombia la izquierda agrupada en torno del Polo Democrático, cifraba expectativas para convertirse en aliada estratégica de Mockus, quien rechazó cualquier alianza con el Polo. En la segunda vuelta, este domingo, hay cinco opciones: 1) Abstención; 2) Voto en blanco, que castigaría al gobierno y a los verdes; 3) votar por Mockus y hacerle oposición después; 4) votar por Mockus, como manifestación resignada, silenciosa y vergonzante contra Santos. 5) Aparentemente la más sensata, votar condicionalmente por Mockus con un mensaje explícito, el candidato “menos peor”, cuyas propuestas y actitudes no las comparten todos los colombianos/as. ¿enfrentaremos ese dilema en el 2012 mexicano?
viernes, 18 de junio de 2010
viernes, 11 de junio de 2010
BLINDAJE ELECTORAL VULNERADO
Pesan signos ominosos sobre los procesos electorales que viven 14 entidades mexicanas. El caso más extremo, San Juan de Copala, municipio autónomo de Oaxaca, no pudo recibir la ayuda llevada por la Caravana Humanitaria Bety Cariño y Jyri Jakkola, llamada así en honor a las dos personas asesinadas durante la emboscada que sufrió un primer grupo que intentó ingresar a la zona, el pasado 27 de abril. La nueva Caravana, llevaba 30 toneladas de víveres a los 700 pobladores que están sitiados por una organización impulsada por el gobierno oaxaqueño que encabeza Ulises Ruiz, la Unión para el Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT), la cual ha sido señalada por organismos defensores de derechos humanos como presunta responsable del asesinato de Bety y Jyri.
Acompañada por el Diputado Alejandro Encinas, la Caravana tuvo que dejar los víveres a 10 Kilómetros de su destino. En Oaxaca, denunció Encinas, no existe un Estado de Derecho que garantice elecciones libres, pues el gobernador Ruiz impide el libre tránsito de la Caravana y se ha prácticamente “profesionalizado” en el impulso de sus candidatos, utilizando los recursos públicos a su alcance. El Delegado de Acción Nacional en ese estado, Javier Corral, documenta otras evidencias que comprueban la intromisión de Ulises Ruiz, quien: coordina personalmente las campañas de sus aliados, maneja medios y sistemas de comunicación estatal para favorecer a los candidatos del PRI, llama por teléfono a candidatos panistas y a precandidatos de los partidos que forman una coalición electoral -cuyo candidato a gobernador por cierto, encabeza 8 distintas encuestas-, con la finalidad de sobornarlos al ofrecerles prebendas. En síntesis, plantea Corral: “No obstante que estos hechos son ostensibles, documentados y comprobables, las autoridades electorales parecen no existir. La complicidad del Instituto electoral y del Tribunal cierran el ciclo de la desfachatez.”
En Quintana Roo, el caso de Greg Sánchez ilustra los significados de judicializar la contienda electoral; otro caso en que se rompe el blindaje acordado en elecciones previas para impedir el uso sesgado del Estado, de sus políticas públicas, de su aparato de Justicia ¿Por qué si ya se tenían evidencias de los delitos cometidos por el candidato de la coalición perredista se presentaron hasta el momento en que estaban impresas las boletas con el nombre del ahora indiciado?
Cada una de las 14 entidades tiene sus cuitas. En un arrebato de legalidad, el Senador Manlio Fabio Beltrones denunció, en días pasados, al Presidente Felipe Calderón y al secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra, por utilizar programas sociales contra la pobreza con fines electorales de cara a las elecciones del próximo 4 de julio. Beltrones busca, supuestamente, que en 2012 el PRI no haga un uso electoral de recursos públicos, pues ese partido trabaja en la modificación de una ley de Desarrollo Social “que prohíba, en el futuro, que los puestos delegacionales de los programas que se utilizan para el combate a la pobreza sean ocupados por dirigentes partidistas o candidatos a puestos de elección popular”. De acuerdo con una investigación de David Foust, especialista de la Universidad de Guadalajara, el 70 por ciento de los coordinadores estatales, el 36 de los funcionarios del equipo central del programa Oportunidades y el 29 de los responsables de los Centros de Atención y Registro (CAR) -responsables de la afiliación de las familias en las zonas urbanas- son militantes del PAN. Pero en los escalones operativos de Oportunidades, también opera el PRI, al disputar el 71 por ciento de esos funcionarios operativos de base. Desde los CAR, señala Enrique Valencia, otro especialista, ahora se designa a las vocales del programa, en lugar de elegirlas, como antes se hacía. Sin blindaje, habrá elecciones vulneradas.
Acompañada por el Diputado Alejandro Encinas, la Caravana tuvo que dejar los víveres a 10 Kilómetros de su destino. En Oaxaca, denunció Encinas, no existe un Estado de Derecho que garantice elecciones libres, pues el gobernador Ruiz impide el libre tránsito de la Caravana y se ha prácticamente “profesionalizado” en el impulso de sus candidatos, utilizando los recursos públicos a su alcance. El Delegado de Acción Nacional en ese estado, Javier Corral, documenta otras evidencias que comprueban la intromisión de Ulises Ruiz, quien: coordina personalmente las campañas de sus aliados, maneja medios y sistemas de comunicación estatal para favorecer a los candidatos del PRI, llama por teléfono a candidatos panistas y a precandidatos de los partidos que forman una coalición electoral -cuyo candidato a gobernador por cierto, encabeza 8 distintas encuestas-, con la finalidad de sobornarlos al ofrecerles prebendas. En síntesis, plantea Corral: “No obstante que estos hechos son ostensibles, documentados y comprobables, las autoridades electorales parecen no existir. La complicidad del Instituto electoral y del Tribunal cierran el ciclo de la desfachatez.”
En Quintana Roo, el caso de Greg Sánchez ilustra los significados de judicializar la contienda electoral; otro caso en que se rompe el blindaje acordado en elecciones previas para impedir el uso sesgado del Estado, de sus políticas públicas, de su aparato de Justicia ¿Por qué si ya se tenían evidencias de los delitos cometidos por el candidato de la coalición perredista se presentaron hasta el momento en que estaban impresas las boletas con el nombre del ahora indiciado?
Cada una de las 14 entidades tiene sus cuitas. En un arrebato de legalidad, el Senador Manlio Fabio Beltrones denunció, en días pasados, al Presidente Felipe Calderón y al secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra, por utilizar programas sociales contra la pobreza con fines electorales de cara a las elecciones del próximo 4 de julio. Beltrones busca, supuestamente, que en 2012 el PRI no haga un uso electoral de recursos públicos, pues ese partido trabaja en la modificación de una ley de Desarrollo Social “que prohíba, en el futuro, que los puestos delegacionales de los programas que se utilizan para el combate a la pobreza sean ocupados por dirigentes partidistas o candidatos a puestos de elección popular”. De acuerdo con una investigación de David Foust, especialista de la Universidad de Guadalajara, el 70 por ciento de los coordinadores estatales, el 36 de los funcionarios del equipo central del programa Oportunidades y el 29 de los responsables de los Centros de Atención y Registro (CAR) -responsables de la afiliación de las familias en las zonas urbanas- son militantes del PAN. Pero en los escalones operativos de Oportunidades, también opera el PRI, al disputar el 71 por ciento de esos funcionarios operativos de base. Desde los CAR, señala Enrique Valencia, otro especialista, ahora se designa a las vocales del programa, en lugar de elegirlas, como antes se hacía. Sin blindaje, habrá elecciones vulneradas.
viernes, 4 de junio de 2010
LEGITIMIDAD CUESTIONADA
A la memoria de Jorge Cereceda, chileno-mexicano de alma socialista
La designación de Consejeros y Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC), por parte del Congreso local, es legalmente inatacable pero totalmente cuestionable si se sigue una lógica democrática; un Congreso despreocupado por la legitimidad, vulnera la autonomía que otorga la Constitución a organismos públicos encargados de velar por el interés general. Así viene sucediendo en Jalisco y en el país con los organismos electorales, al igual que con los vinculados con la transparencia y el derecho a la información, o con las comisiones que velan por los derechos humanos. La partidocracia distorsiona el interés general al asaltar, mediante la división de cuotas de poder, la distribución de consejeros y presidencias en todos los organismos públicos autónomos.
Con estos procedimientos, ni el árbitro electoral hará mejor su papel de imparcialidad en el conjunto del proceso eleccionario, ni el IEPC como autoridad promotora de ciudadanía, tendrá bases legítimas suficientes para favorecer que la voluntad general se exprese más allá de las urnas. El Congreso local siguió un libreto que tiene hastiada a la opinión pública por pervertir la designación de consejeros de los organismos públicos autónomos. Ofreció mejorar razonadamente la selección del Presidente y Consejeros del IEPC y transparentar los debates parlamentarios relacionados, pero actuó a contracorriente de su oferta, pues las dirigencias partidistas negociaron por fuera del Congreso e hicieron a un lado los criterios definidos por el propio Congreso: evaluación de capacidades mediante examen escrito, valoración de experiencia, trayectoria y apego al perfil idóneo de consejero o de Presidente del Instituto electoral, como lo señaló David Gómez Álvarez, Presidente saliente del IEPC, en Público-Milenio (31-05-2010), en un tono franco y directo, inusual en este tipo de funcionarios.
Tan hastiadas nos tienen esas designaciones simuladas de razonamiento parlamentario, que algunas agrupaciones ciudadanas antes exigentes de transparencia y razonamiento público, abandonaron demandas de legitimidad en esta ocasión para la designación de consejeros. Empero, sin respaldos legítimos no basta la legalidad para hacer avanzar la democracia, ni siquiera en su dimensión puramente electoral. Desatender la legitimidad relega aún más la participación ciudadana que es condición para someter a pruebas de control y validación, a la vez concurrentes y complementarias, al ejercicio del voto. El gobierno, sin el complemento entre democracia representativa y participativa, deja de estar al servicio del interés general y se convierte en rehén de los intereses partidocráticos que finalmente están sujetos por los poderes fácticos del dinero, los medios y las jerarquías eclesiales, como lo muestran varios procesos legislativos recientes, o el impedimento para ejercer libremente Plebiscitos o Iniciativas Populares legítimamente convocados.
Se ha generado, así, un círculo perverso que reproduce sin cesar el poder partidocrático. Tal parece que la fuerza electoral proveniente de los comicios más recientes, da el poder para designar el número y la calidad de los consejeros que tocan a cada partido político. Y como el PRI gobierna la mayoría de jaliscienses, y cuenta con más diputados, se dio el derecho, con la complicidad del resto de partidos, para definir al Presidente y la mayoría de consejeros con personas afines con su plataforma partidaria. Antes, así lo hizo Acción Nacional. Con honrosas excepciones, nombrar consejeros implica compromisos para las dos partes, cuyo cumplimiento se cobra antes, durante y después del proceso electoral, trátese de la distritación, de organizar la jornada electoral, de la exigencia de rendición de cuentas por los gastos en campaña, o del manejo legaloide de conflictos postelectorales. El círculo lo cierran jugosos salarios y financiamientos partidarios, con los que se (auto)benefician los representantes “populares” negados a validaciones legítimas.
La designación de Consejeros y Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC), por parte del Congreso local, es legalmente inatacable pero totalmente cuestionable si se sigue una lógica democrática; un Congreso despreocupado por la legitimidad, vulnera la autonomía que otorga la Constitución a organismos públicos encargados de velar por el interés general. Así viene sucediendo en Jalisco y en el país con los organismos electorales, al igual que con los vinculados con la transparencia y el derecho a la información, o con las comisiones que velan por los derechos humanos. La partidocracia distorsiona el interés general al asaltar, mediante la división de cuotas de poder, la distribución de consejeros y presidencias en todos los organismos públicos autónomos.
Con estos procedimientos, ni el árbitro electoral hará mejor su papel de imparcialidad en el conjunto del proceso eleccionario, ni el IEPC como autoridad promotora de ciudadanía, tendrá bases legítimas suficientes para favorecer que la voluntad general se exprese más allá de las urnas. El Congreso local siguió un libreto que tiene hastiada a la opinión pública por pervertir la designación de consejeros de los organismos públicos autónomos. Ofreció mejorar razonadamente la selección del Presidente y Consejeros del IEPC y transparentar los debates parlamentarios relacionados, pero actuó a contracorriente de su oferta, pues las dirigencias partidistas negociaron por fuera del Congreso e hicieron a un lado los criterios definidos por el propio Congreso: evaluación de capacidades mediante examen escrito, valoración de experiencia, trayectoria y apego al perfil idóneo de consejero o de Presidente del Instituto electoral, como lo señaló David Gómez Álvarez, Presidente saliente del IEPC, en Público-Milenio (31-05-2010), en un tono franco y directo, inusual en este tipo de funcionarios.
Tan hastiadas nos tienen esas designaciones simuladas de razonamiento parlamentario, que algunas agrupaciones ciudadanas antes exigentes de transparencia y razonamiento público, abandonaron demandas de legitimidad en esta ocasión para la designación de consejeros. Empero, sin respaldos legítimos no basta la legalidad para hacer avanzar la democracia, ni siquiera en su dimensión puramente electoral. Desatender la legitimidad relega aún más la participación ciudadana que es condición para someter a pruebas de control y validación, a la vez concurrentes y complementarias, al ejercicio del voto. El gobierno, sin el complemento entre democracia representativa y participativa, deja de estar al servicio del interés general y se convierte en rehén de los intereses partidocráticos que finalmente están sujetos por los poderes fácticos del dinero, los medios y las jerarquías eclesiales, como lo muestran varios procesos legislativos recientes, o el impedimento para ejercer libremente Plebiscitos o Iniciativas Populares legítimamente convocados.
Se ha generado, así, un círculo perverso que reproduce sin cesar el poder partidocrático. Tal parece que la fuerza electoral proveniente de los comicios más recientes, da el poder para designar el número y la calidad de los consejeros que tocan a cada partido político. Y como el PRI gobierna la mayoría de jaliscienses, y cuenta con más diputados, se dio el derecho, con la complicidad del resto de partidos, para definir al Presidente y la mayoría de consejeros con personas afines con su plataforma partidaria. Antes, así lo hizo Acción Nacional. Con honrosas excepciones, nombrar consejeros implica compromisos para las dos partes, cuyo cumplimiento se cobra antes, durante y después del proceso electoral, trátese de la distritación, de organizar la jornada electoral, de la exigencia de rendición de cuentas por los gastos en campaña, o del manejo legaloide de conflictos postelectorales. El círculo lo cierran jugosos salarios y financiamientos partidarios, con los que se (auto)benefician los representantes “populares” negados a validaciones legítimas.
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