LA CUESTIÓN PRESIDENCIAL QUE AGITA A LA REPÚBLICA

Hacer el balance del sexenio de Felipe Calderón, implica discutir un concepto básico en la ciencia política: el de gobierno. Así lo plantea María Eugenia Valdés, en su Introducción al libro que coordina: Los problemas nacionales durante el gobierno de Felipe Calderón, (Miguel Ángel Porrúa-UAM Iztapalapa, 2012). Sinónimo de dirigir, pilotar, conducir, controlar, el ámbito de gobierno se relaciona con la idea de timonel o de condottieri en el pensamiento político de diversas épocas. Conocimientos y técnicas para conservar el control, la dirección, el sentido del gobierno; una comprensión de Estado, su pasado, su situación actual y, si existe, su proyecto de futuro. Esta obra colectiva propone una detallada evaluación de dos grandes tareas del gobierno: las normativas, que apelan a la legalidad, al predominio de las reglas de conducta observables por todos; y la legitimidad , como autoridad moral e intelectual reconocida, para mantener la cohesión social. Una enorme responsabilidad que, en casos como el del Presidencialismo mexicano, recae en una persona. Heredero de esa manera de ejercer el poder, Calderón es producto de los resabios autoritarios que siguen nutriendo al Poder Ejecutivo, pero también un hombre cuestionado en las bases de su legitimidad electoral, frente a lo cual quiso responder con su trayectoria partidaria, como el ‘primer verdadero panista’ que llega a la presidencia y simultáneamente, como un gobernante audaz, arriesgado hasta la impunidad que favorece el que el Presidente sea el único funcionario que no puede someterse a juicio político. En palabras de Jesús Silva-Herzog Márquez (Tribuna, 26/11/2012): “[Calderón] Fue un gobernante sobrio, de infrecuentes desplantes. Pero esa conciencia de Estado, ese aprecio de las reglas, ese esmero por defender las instituciones como patrimonio común, encalló en aquella política de la que se imaginó fundador.” Así, convirtió la ambigua lucha-guerra contra el crimen organizado, en su obsesión sexenal. A pesar de atribuciones presidenciales reducidas, al final de su gobierno, Calderón hizo tímidas incursiones en la reforma del presidencialismo, institución centralizada y falta de contrapesos institucionales. Una reforma política que pretendía dar mayor agilidad a los vínculos entre Ejecutivo y Legislativo, mediante la Iniciativa Preferente para proyectos legislativos considerados como estratégicos por el Presidente, sirvió para impulsar una de las reformas “estructurales”, la laboral, que no quiso dejar como pendiente del próximo gobierno federal. Además, dejó pasar la oportunidad para debatir nacionalmente la transformación del sistema presidencialista en formatos más cercanos al Parlamentarismo, como el semi-presidencialismo o el Presidencialismo de Coalición; reforma constitucional de gran calado que propicia la competitividad y pluralismo partidista, reforzada por demandas de ciudadanización de los vínculos entre representantes y representados. Si bien las relaciones entre Legislativo y Ejecutivo fueron menos ríspidas que anteriormente, Calderón no dejó de aprovechar el poder presidencialista para el nombramiento de funcionarios de primer nivel en el gobierno federal, además del Procurador General de la República, la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una relativamente tersa relación con el Senado, y para asumir, obsesivamente, la obligación de preservar la seguridad nacional desde la militarización. Ser simultáneamente Jefe de Estado y de Gobierno, posibilita la conducción unipersonal de la política exterior, lo que significó el apego a los imperativos de reformas de mercado provenientes de la esfera institucional internacional, la profundización de nexos asimétricos con América del Norte, la insistente proyección transpacífica del país mediante tratados comerciales, con la divisa de estabilidad macroeconómica financiera a toda costa. Ciertos destellos en su acercamiento al sur bajo el impulso de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, no impidieron que el ‘Presidente del empleo’ fincara sus principales logros sobre un sistema decadente.

POLÍTICA INTEGRAL CONTRA CRIMEN ORGANIZADO

Un grupo de ocho expertos que compartieron su diagnóstico con El Universal (21-11-2012), reconoce “la decisión del mandatario de enfrentar a los hegemónicos cárteles heredados del pasado, pero advierten fallas en una estrategia de seguridad que apostó más a la fuerza y a la caída de los líderes, pero carente de una política integral. Los esfuerzos por sanear y fortalecer las instituciones existieron, pero la corrupción y la infiltración del narcotráfico fueron un bache difícil de sortear.” Fallas y aciertos a los que se necesita añadir la ausencia de una política de salud para encuadrar la prevención y tratamiento de las adicciones a drogas peligrosas y particularmente, el análisis de las estrategias de base territorial que siguen los cárteles, en las cuales privan nuevas formas de hacer política frente a la sociedad, pero también frente al Estado; entidad cuestionada por los poderes fácticos de origen criminal. Los desafíos para hacer políticas de Estado en esta materia, enfrentan un campo de actuación extremamente complejo, que está minado bajo criterios que son aparentemente caóticos, en los que se mezcla la incertidumbre producida por la arbitrariedad que caracteriza a los poderes fácticos, con escenarios de guerra que parten de concepciones diametralmente opuestas: la del aparato de seguridad gubernamental, “educado” para una guerra convencional, y la de un aparato militar disciplinado y con una organización flexible en cuanto a patrones de movilización militar no convencionales. Además de un manejo presupuestal que no escatima en adquirir equipos de seguridad y armamentos, con los que ocasionalmente supera la capacidad de fuego de las unidades policiales, e incluso de los destacamentos militares que los enfrentan, el crimen organizado sofistica, perversamente, los contenidos simbólicos de la violencia que emplea y añade un componente de carácter político-militar, que no se ha valorado suficientemente. Si se analizan los nombres con que se auto-identifican los cárteles creados a raíz de las divisiones internas entre los narcotraficantes, podemos percibir una cierta identidad que es simultáneamente mística y mítica, pero también ideológica, cuasi religiosa, que está preñada de (contra)valores identitarios altamente cohesionados: La Familia; Nueva Generación; Los Templarios… Caldo de cultivo de antihéroes, estas nuevas organizaciones criminales, combinan acciones que son eminentemente político-militares, que destruyen, bloquean, pero que circunstancialmente no asesinan, con denuncias sobre acciones sesgadas en su contra de la policía o del mismo Ejército. Sin abandonar acciones terroristas de la máxima crueldad que los ponen a la par de los “viejos” cárteles que se definen por su zona geográfica de influencia: Golfo, Tijuana, Sinaloa, o con los Zetas, nombre inspirado en códigos de comunicación policial, o si acaso, autoflagelación por ser los últimos de la lista. Una concepción legítima sobre el uso de la fuerza, debe de ir acompasada del fortalecimiento de las instituciones de Justicia, de la autonomía del Ministerio Público frente al gobierno; de la profesionalización del aparato público de seguridad coordinado con un equipo de inteligencia de amplia concepción, que entienda las fibras que mueven los criminales cuando se acercan a las familias, hacen compadres, las protegen frente a los riesgos cuya cobertura viene abandonando el Estado, o cuando los cárteles pagan una bicoca cualquiera a jóvenes sin esperanza alguna, dispuestos a matar y arriesgar su vida. Una política integral para combatir eficazmente al crimen organizado, necesita dar un vuelco en lo que hace a los derechos humanos, a fortalecerlos para hacer crecer una cultura de paz con justicia y dignidad. A erradicar el odio y el revanchismo violentos, por ser falsas salidas. No olvidemos que la integralidad reposa sobre políticas estructurales que combatan frontalmente la desigualdad y toda forma de discriminación.

RIESGO Y VULNERABILIDADES DEL ESTADO

En un reciente artículo: “Las expectativas que crean los estados: ¿cómo la capacidad del Estado da forma al ámbito de la política?” Hillel Soifer de la Universidad de Temple, se pregunta sobre el manejo estatal de los riesgos y desastres causados por tres eventos naturales: El Niño, Perú, 1989); las tormentas en Vargas, Venezuela, 1998; y el sismo que afectó al sur de Chile en 2008. Dice que “En contextos estatales fuertes, la gente espera que el Estado asuma un papel de liderazgo en la provisión y gestión de la crisis, y exige responsabilidades en su normatividad.” En cambio, “cuando el Estado es débil, aún si la gente reconoce el mal desempeño de los gobiernos, no espera más de la arena política, y en lugar de presionar por una mayor intervención estatal, opta por la auto-ayuda y la organización de la sociedad civil. Sin demandas elaboradas y sin presión política el Estado no se compromete; los estados débiles siguen siendo débiles.” ¿Qué tanto los desastres pueden conducir a los actores de la sociedad al deseo de la intervención creciente del Estado?. El huracán Sandy produjo dos consecuencias políticas en el manejo del desastre: los estados fuertes y ricos como Estados Unidos y Canadá, sron interpelados por los habitantes afectados, mientras que los países del Caribe con estados débiles y pobres aumentaron su desafección por la política y poco interpelan al Estado. Cuba, un Estado fuerte pero pobre, es la excepción, pues la organización de su red de protección civil le permite minimizar sus pérdidas humanas, aunque sufre para disminuir los daños materiales. Se ha prestado poca atención en los medios y en el ámbito de la cooperación internacional, a los países caribeños, aunque las muertes y los daños sean lamentables en cualquier caso. El drama es que mientras que en Estados Unidos y Canadá se cuenta con recursos financieros, en los países del Caribe cuesta más la recuperación; quedan los lastres dejados por desastres previos que han incrementado la intervención extranjera por motivos geopolíticos, la reconstrucción que financia la cooperación internacional se convierte en rentables negocios para diversas trasnacionales, y las sociedades han sido impedidas de reconstruir y sanar sus tejidos sociales. La BBC de Londres (01.11.12) hace un recuento de los daños en esa parte olvidada por los medios: Haití, el país más pobre del hemisferio occidental: 54 muertos y 21 desaparecidos. “Las inundaciones en ese país podrían incluso empeorar la situación de salud, es decir aumentar los casos de cólera, a la vez que los daños a más del 70% de las cosechas en el sur del país -incluidos bananas, plátanos y maíz- son noticias terribles para el tercer país con más hambre del mundo.” Con 7 mil 61 familias afectadas, 15.000 viviendas que sufrieron daños o destrucción y 6.790 personas que permanecen en albergues, ese país que rechaza la presencia de tropas estadounidenses en su territorio, tanto como la de tropas de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, enfrenta tal fragmentación sociopolítica que la acumulación de desastres pospone las soluciones. En Cuba, 11 personas perecieron, convirtiendo a Sandy en una de las tormentas más mortales de los últimos años en el país. 75.000 personas resultaron damnificadas, 15.323 casas fueron destruidas y 132.733 afectadas. El bloqueo estadounidense hace muy difícil remontar las pérdidas materiales. En total, según la BBC, la cifra de muertos hasta el momento, incluyendo a EE.UU., Canadá y el Caribe, es de 123. Si en los estados fuertes el gobierno responde a la tragedia o pierde apoyo político, en los estados débiles la sociedad se fragmenta y pierde esperanzas.