SEGURIDAD COMUNITARIA ES SEGURIDAD PÚBLICA

El caso de las Policías Comunitarias en Guerrero, ofrece una buena ocasión para pensar en las modalidades de seguridad pública convenientes al país, en el marco de su enorme diversidad etnocultural, y desde la urgencia de medidas legítimas y eficaces para enfrentar la violencia en todas sus expresiones provenientes del crimen organizado, o de las dificultades cotidianas presentes en toda vida colectiva. Frente a la actualización del derecho consuetudinario que representan estas policías, se levantan voces que cuestionan esas experiencias, a la par que otras voces intentan recuperarlas para las instituciones del Estado de derecho nacional. Las cuales, sin embargo, no cuentan con puentes de entendimiento para comprender que el derecho comunitario responde a una cultura ancestral, que no se opone al Imperio de la Ley sino que acata otras formas aún más eficaces para vincular la seguridad ciudadana con la seguridad pública. En 1995, toman su forma actual las Policías Comunitarias. Contra lo que se pueda pensar, la organización policial no es producto de la improvisación o de una reacción desesperada frente a la violencia imperante. Una Asamblea Regional de 62 comunidades, unas treinta y cinco mil personas, principalmente indígenas del estado de Guerrero, funda la Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias (ARAC), en la cual acuerdan acciones conjuntas, desde las que se eslabonan asambleas y autoridades electas bajo usos y costumbres. Bajo el mandato de la ARAC, se creó desde entonces una Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, la cual encarga a seis Coordinadores Comisarios, que funjan como Jueces capaces de ordenar investigaciones y de dictar sentencias. Seis Comandantes Regionales, tienen bajo su mando 612 policías comunitarios, que provienen de las etnias presentes en la región y también algunos mestizos. Ahí, se erradicó al crimen organizado y el tráfico de drogas. La proximidad de la justicia, no se agota en el carácter preventivo de las policías, ni en el énfasis en el castigo, sino que la vida comunitaria se está dando formas novedosas para administrar y procurar la justicia. No obstante, algunas voces “autorizadas”, como la del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl González Plascencia, cuestionan la legitimidad de estas policías por su aparente oposición al Estado de derecho, dado el riesgo que sus prácticas signifiquen vulnerar el orden constitucional, y dada la configuración de grupos paramilitares que ponen en riesgo la paz social. El filósofo Enrique Dussel desmenuza las falacias que encierran las declaraciones del Ombudsman. El derecho comunitario, antecede a la Constitución y al Estado de derecho, porque está fundado sobre la soberanía popular; dice Dussel: “Es decir, cuando una comunidad reúne al pueblo y toma una decisión colectiva según usos y costumbres, no es una persona cualquiera que se arroga un derecho” Dichos procedimientos fuera de vulnerar al Estado de derecho nacional, lo especifican y lo hacen concreto para esa comunidad política que está constituida por una asamblea. Además, las Policías Comunitarias representan una parte de la justicia, ya que los usos y costumbres permiten generar procesos de readaptación y control de la delincuencia que están apegados a su cultura local. Es la corrupción del aparato policial oficial, o la falta de atribuciones del Ejército para contribuir al procesamiento de los criminales, el que impide la vigencia del Estado de Derecho. Tampoco se puede caracterizar como grupos paramilitares a estos cuerpos policiales comunitarios, pues a diferencia de lo que sucede digamos en Colombia, con los grupos de Autodefensa Unidos, el fin de la organización comunitaria es la justicia y no la adscripción de las fuerzas policiales a estrategias militares de poder al servicio de intereses ajenos a su comunidad.

PEMEX, ASUNTO DE SEGURIDAD NACIONAL

Importante, que la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión, llame a comparecer a los secretarios de Estado, de Gobernación y de Energía, así como a los titulares de la Procuraduría General de la República y de Pemex, pues confirma que la tragedia del Centro Administrativo de Petróleos Mexicanos, merece una detallada información que permita a los legisladores obtener las conclusiones necesarias para asegurar la impartición de justicia oportuna y la correcta administración de la paraestatal, sobre la cual se sustentan los recursos fiscales que hacen viable al Estado mexicano. Conflictos en el funcionamiento del sector público, devienen en tragedias que imponen amargas conclusiones. Lamentablemente, vamos detrás de los acontecimientos pues lejos de reforzar el papel estratégico que tiene la industria petrolera, reinan la negligencia y la falta de previsión. La terrible explosión en el Edificio B2 de la Torre de Pemex, terminó con la vida de 38 personas y dejó a más de un centenar lesionados. Esos hechos desatan apasionadas interpretaciones cuyas conclusiones sin embargo, se sitúan en las antípodas. Para unos, lo que pasó muestra que el Estado es un pésimo administrador y debe por lo tanto dejar el campo a la privatización; si la actual administración no puede alcanzar estándares internacionales de seguridad, ya llegó el momento de que todo lo relacionado con la paraestatal petrolera responda a las reglas y señales del mercado mundial de los hidrocarburos. De ahí que urja la reforma energética, que se ha rezagado respecto de la reforma laboral y la educativa que ya se están implementando. Otras interpretaciones, más profundas y razonadas, apelan al papel estratégico de esa empresa para poder alcanzar la soberanía energética y acentúan descuidos y deterioros imputables al gobierno y al sector público responsable de la operación de Pemex. Además de cuestionar al modelo energético, es necesario tomar en cuenta el contexto mundial de carestía y escasez por el que atraviesa la industria petrolera, que cada vez condena más a los países productores a depender de una renta proveniente de la extracción de hidrocarburos, que se exportan sin procesar. En esa perspectiva, a Pemex se le ha ordeñado como proveedor de recursos fiscales, sin permitirle reinvertir una parte considerable, programada, de sus ganancias para el beneficio del interés general. Un país sin política industrial, incapaz de diversificar la renta petrolera hacia cadenas productivas, principalmente agroindustriales, es víctima del modelo neoextractivista con sus consecuencias depredadoras. Para que ese modelo persista, es necesario desmantelar cualquier medida tendiente a organizar un conglomerado encadenado de empresas que combinen inversión pública y privada, donde el Estado regule la explotación de energéticos y conserve su sentido estratégico para la seguridad nacional. Presumible causa de la explosión, la falta de mantenimiento del equipo de seguridad contra incendios, expresa la negligencia frente a todo aquello que no esté directamente vinculado con la extracción del oro negro, desde criterios inmediatistas. Hacía dos años que no se inspeccionaba el sistema de seguridad y apenas en diciembre de 2012 Pemex había otorgado la licitación para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en los 14 sistemas automáticos de extinción de incendio, instalados en los edificios B-1, B-2 y C de la Torre Ejecutiva Pemex; 12 cilindros con gas FM 200 que se utilizan para la extinción de incendios. Tres horas antes de la explosión, Milenio captó un twitter del Director de Operaciones de Pemex que se ufanaba de haber reducido la accidentabilidad. Cinco horas después, inspectores de la Embajada estadounidense, introdujeron dudas sobre un posible atentado. Aguas con la Seguridad Nacional, el fantasma del Estado fallido amenaza.

DICHAS Y DESDICHAS DEL INTERREGNO

Entre que acaba un reinado y empieza otro, hay una recomposición de las estructuras de poder y simultáneamente, descomposición de quienes perdieron el gobierno. En la escena pública hay reacomodos entre las fuerzas que buscaron el poder sin conseguirlo, y los ganadores reclaman empezar a ejercer su programa sin todavía tener el gobierno. Ese interregno trae desdichas para quienes dejan sus puestos, quienes fueron electos para ocuparlos, pero sobre todo para los equipos de funcionarios que los acompañan. La falta de una legislación que asegure la carrera de servicio civil, ha sobrepolitizado una gama demasiado amplia de la función pública. Si bien hay mandos medios que deben de ser adscritos al personal de confianza del Poder Ejecutivo o del Legislativo, la administración pública se ha convertido en un verdadero botín para comprar respaldos e incondicionalidades. En un sistema político clientelista, se impone la discontinuidad de programas, políticas públicas y proyectos de acción gubernamental, pues cada orden de gobierno entrante tiene compromisos con diversos grupos de poder y a la vez necesita imprimir un sello particular que reditúe crecimiento de la imagen pública de los funcionarios electos. Esto, que se presenta en todos los regímenes democráticos con competencia partidista, es una desdicha para el caso mexicano. Sin calidad democrática no tenemos mecanismos para obligar a gobiernos ni a legisladores que rindan cuentas claras del manejo de los recursos públicos, ni hay transparencia en las cuentas personales, pues aún existen mecanismos discrecionales que permiten ocultar recursos. Lo grave es que si bien hubo avances en materia de transparencia de la información pública, tenemos enormes rezagos en lo que toca al deslinde de responsabilidades, a las consecuencias administrativas o penales del mal manejo de las finanzas públicas. Cada cambio de gobierno trae consigo retrocesos en materia de transparencia, rendición de cuentas e impartición de justicia. Se deteriora la capacidad de supervisión que toca ejercer a los contrapesos institucionales públicos, a través del Congreso de la Unión, los Congresos locales y, muy especialmente, los organismos públicos autónomos cada vez son más cooptados por el sistema político y de partidos. El manejo irresponsable del endeudamiento del Ejecutivo jalisciense no se puede achacar únicamente al gobernador, sino al sistema de alianzas y complicidades con el Poder Legislativo, que en su momento aprobó las iniciativas del Ejecutivo, o que omitió la exigencia de cuentas transparentes. Otra desdicha es que en lo federal, el IFAI está siendo erosionado, tanto en sus alcances como en su estructura de conducción, pues su presidencia ha sido copada por el nuevo gobierno federal. Asimismo, el IFE, no ha mostrado la imparcialidad que le corresponde, como lo muestra el caso MONEX y el sesgo en las penas impuestas a la coalición que sostuvo a López Obrador. En lo que hace al papel supervisor de la sociedad civil, hay dichas y desdichas. O bien hay una desmedida esperanza en que la acción gubernamental sea la que resuelva problemas y dificultades derivadas de nuestra convivencia o, desde la antípoda, hay un desprecio por el poder que rige en el Estado y su gobierno. Desde esa perspectiva, hay una desconfianza y abandono del Estado de Derecho, que hace entrar en complicidad a los sectores poderosos con el gobierno. Pero el interregno también muestra oportunidades para que la capacidad de supervisión o el poder de impedimento de acciones públicas adversas, redefina el perfil de poder de las organizaciones sociales, sin que estas dependan de alianzas circunstanciales con funcionarios electos. Así, se fortalece el tejido de los movimientos sociales, su capacidad crítica y juiciosa, su resistencia antes y después de cada reinado.